Por Matías Layes
A diez años del brutal asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los responsables políticos y actores intelectuales de la represión están libres o a un paso de serlo.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 significaron el principio del fin de una época. La caída de Fernando De La Rúa y la posterior sucesión de presidentes daban cuenta del vacío de poder y falta de conducción política.
Es en este contexto cuando Eduardo Duhalde se apropia del ejecutivo e intenta acallar las luchas populares de un pueblo, que víctima políticas neoliberales, estaba sumido en una profunda crisis social.
El gobierno de Duhalde buscó evitar los cortes de ruta y el reclamo del pueblo por medio de la represión. Mientras, los medios de comunicación, favorecidos con la política económica -pesificación de sus deudas-, configuraban el estereotipo del piquetero violento y convalidaban la política represiva.
Aquella jornada trágica del 26 de Junio de 2002, las principales organizaciones de desocupados del país exigían un aumento general del salario, duplicar el monto de los subsidios para los desocupados y más alimentos para los comedores populares.
Los movimientos piqueteros programaban cortar los principales puentes de acceso a la Capital Federal y el objetivo del gobierno era callar la voz del pueblo.
El resultado fue una feroz represión que terminó con 33 heridos y la muerte de dos jóvenes militantes: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Los intentos de invisibilizar el plan represivo del estado se volvió una tarea difícil, tanto para los medios de comunicación como para Duhalde. Esto precipita el llamado a elecciones y marca el fin de una época.
A diez años del asesinato de Maxi y Darío, los familiares y compañeros de lucha denuncian la impunidad que permite que los asesinos no tengan sentencia firme y repudian la decisión judicial de permitir el traslado de Franchioti -autor material del crimen- a una cárcel de régimen abierto.
Asimismo denuncian que, dentro de la corte suprema de la provincia de Buenos Aires está el ex ministro de justicia duhaldista, Luis Genoud, quien fué uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.
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